La CNDH tiene nuevo titular a partir de una polémica votación realizada por el Pleno de nuestra Cámara de Senadores hace apenas algunos días. En un estado que se presume democrático como el nuestro, el binomio de protección y defensa eficaz de los derechos humanos resulta un elemento fundamental: son tales derechos y su vigencia los que dan razón de la existencia o inexistencia de toda democracia (si bien otros elementos son necesarios, como puede serlo el contar con elecciones repetidas en el tiempo, libres y legítimas, dicho elemento forma parte de los derechos políticos del ciudadano, los cuales son también derechos humanos).
La CNDH por tanto tiene una importancia enorme para México, país que no acaba de consolidar su democracia precisamente por el lastre que acarrea la permanente violación de los derechos de las minorías y de las mayorías: hombres, mujeres y niños se ven sometidos diariamente al abuso de autoridades que lejos de reconocer nuestros derechos los violan de manera sistemática.
La amenaza actual, no obstante, es mucho mayor que en los dos gobiernos anteriores porque Felipe Calderón ha hecho de su lucha contra el narcotráfico su camino para ganarse una legitimidad que no le acompañaba al inicio de su mandato. Esta lucha ha estado cargada de violaciones a los derechos humanos porque como es natural, en ninguna democracia que se precie el ejército se encuentra en las calles. Para eso existen las policías federales que en México no funcionaron nunca sino para tener a raya a la ciudadanía disidente y para acordar con las mafias feudos de delincuencia. Calderón no ha avanzado con la velocidad debida en este terreno.
Empeorando el escenario, debemos tener presente que nos encontramos en un país con una educación básica rudimentaria que ha contribuido a que nosotros mismos seamos parte del problema: la inmensa mayoría de los mexicanos discriminan de manera recurrente y las palabras naco, negro, chundo no hacen sino dividir y cancelar derechos que deberían ser de todos. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación nació para atender esta problemática que, no obstante, habría tenido que ser abordada por la CNDH, otro de los terrenos que dejó abandonados y que Rincón Gallardo identificó como prioritario.
¿Qué tan bien o mal ha trabajado la CNDH en éstos últimos 10 años y qué significa por tanto el hecho de que se haya nombrado a Raúl Plascencia como nuevo Ombudsman de México? Primero que nada, es importante saber si el nuevo titular es efectivamente el natural continuador de las políticas de José Luís Soberanes Fernández, quien estuviera al frente de la CNDH toda una década. Para ello es interesante revisar la entrevista que Carlos Puig, en Milenio on Line, realizara en noviembre del año pasado a Susana Pedroza, una de las funcionarias más importantes durante la administración de Soberanes (ocupó entre otros cargos el de Segunda Visitaduría General, cargo con nivel de subsecretaría). En dicha entrevista Pedroza señala que fue despedida de la CNDH por negarse a apoyar la candidatura que Soberanes construía para Raúl Plascencia, quien era su mano derecha y su delfín.
Ya saldado este punto y establecido el continuismo entre Soberanes y el nuevo ombudsman, quien muy probablemente establecerá las mismas políticas del primero, es importante dar nuestra opinión sobre la actuación de la CNDH en los últimos años. Es bueno comenzar por lo que desde nuestro punto de vista es la cuestión más delicada en estos momentos para la protección de los derechos fundamentales. ¿Qué hizo la CNDH contra la política del actual gobierno en su lucha contra el narcotráfico? Es cierto que recomendó una y otra vez que el ejército estuviera por breve lapso en las calles y acto seguido las abandonase, pero el hecho de que el PAN hubiera votado por Plascencia indica que quizá en este punto Soberanes hubiera podido hacer mucho más. Otras actuaciones altamente fallidas se agregan a la cuenta en números rojos de la anterior administración: haber interpuesto junto con la Procuraduría General de la República la acción de inconstitucionalidad contra el aborto es uno de los peores ridículos en que cualquier ombudsman del mundo hubiera podido caer. Respecto al conflicto de Oaxaca en el 2006, en opinión de la Asociación Civil Fundar, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la CNDH emitió su recomendación de forma tardía y la tardanza favoreció la impunidad, además de que en la misma omitió informar si presentó denuncias penales tal como la norma lo permite.
En general, en opinión de quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos el trabajo de esta institución ha sido ligero y paliativo y los casos más importantes en materia de derechos humanos, como lo es el de Acteal, han sido resueltos por ONG y no por la Comisión. Y tal asunto nos permite expresar cuál es en nuestra opinión el error más grave de la administración de Soberanes: dicho error lo es la relación que ha mantenido con las organizaciones de la sociedad civil que luchan en beneficio de los derechos humanos.
¿Cuál es la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en una sociedad como la nuestra? Tal como sabemos, los partidos políticos son en todo el mundo instituciones tradicionales en alto grado incapaces para transformar en decisiones los conflictos y demandas expresados por las movilizaciones sociales. En México la ausencia de reelección legislativa agrava este problema porque los diputados, senadores y asambleístas no responden al electorado sino a las cúpulas que los han palomeado. Y aunque los partidos siguen cumpliendo importantes funciones dentro del sistema político, carecerían de capacidad para lograr la representación de las nuevas demandas colectivas y de escuchar y analizar todas las voces de la sociedad.
Ante este escenario, politólogos como Claus Offe han propuesto como solución la repolitización de la sociedad mediante la conformación de “partidos-antipartido”, a fin de evitar la profesionalización de cuadros y la centralización del poder y mantener en la medida de lo posible un vínculo directo entre los movimientos sociales y el nuevo modelo de partido. Otros autores señalaron que tal propuesta demostró no ser factible al poner como ejemplo la experiencia del partido verde alemán, que hizo evidente que un partido-movimiento, un partido “antipartido” no había podido evadir las restricciones sistémicas creadas por la lucha por el poder.
En contrapartida, autores como Alberto Melucci adelantan que las voces de la sociedad pueden ser escuchadas y transformadas en decisiones políticas mediante la creación de un espacio intermedio entre sociedad civil y Estado. Este autor considera que las movilizaciones sociales son importantes para las sociedades modernas porque al plantear a los aparatos de Estado “cuestiones no admitidas” por la propia lógica de éstos últimos (la igualdad en la diferencia de las mujeres, por ejemplo, o la lógica destructiva en el desarrollo económico basado en la amenaza de guerra, ambas cuestiones planteadas por las movilizaciones sociales de los años 70s y 80s) obligan a los aparatos a justificarse, los empuja a hacer pública su lógica y la debilidad de sus razones, y hace visible el poder (cuando el poder se ha vuelto anónimo, señala este autor, hacerlo visible es un logro político fundamental: es la única condición para negociar las reglas).
Pues bien, aunque muchos de los graves errores cometidos por Soberanes se habrían cometido igualmente aunque se hubiera asesorado de las ONG (la acción contra el aborto no hubiera podido ser evitada por tal consulta ya que el propio ombudsman la tenía considerada en su agenda personal), una mejor relación con las ONG hubiera favorecido que casos como el de Acteal se hubieran administrado con más rapidez y con un apoyo institucional mayor. Pero Soberanes tenía oídos sordos no solo respecto a la sociedad civil organizada, sino respecto a su propio Consejo Consultivo. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dirigida por Emilio Álvarez Icaza no toma una sola decisión importante sin consultar con su Consejo, la CNDH no lo consultó en un caso tan importante como el de la controversia constitucional en materia de aborto.
Uno de los indicadores más importantes que expresan qué tan adecuado es el trabajo del gobierno lo es precisamente la relación que mantenga con los organismos de la sociedad civil organizada. Cierto es que como toda institución pública, tener contentos a dichos actores es prácticamente imposible, pero finalmente se trabaja para ellos. Ahora bien, la CNDH no es como las otras instituciones del estado, pues al defender a la ciudadanía de los abusos cometidos por todas las restantes instituciones estatales, la comunicación que debe mantener con la sociedad civil organizada debe ser por fuerza un punto prioritario en su agenda.
En breve podremos observar qué tan claro tiene este punto Raúl Plascencia, delfín de Soberanes al que éste cargo debe. No esperemos un cambio importante. Tal desesperanza podemos atribuirla a nuestros representantes en el Senado y no solamente a los pertenecientes al Partido Acción Nacional o al Revolucionario Institucional, como podría pensarse. El PRD prefirió nuevamente salir de la votación como la víctima que proponía al candidato idóneo (Emilio Álvarez Icaza, que al frente de la CDHDF ha hecho un estupendo trabajo), que votar por un candidato que resultase una opción intermedia entre la derecha y la izquierda y que por tanto habría podido hacer un mejor trabajo a favor de los derechos humanos.
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