Podría suceder que en nuestro país todos los presos devinieran de la noche a la mañana en presos políticos y eso le acerca a la Roma de la guerra civil con la que mantiene, toda proporción guardada, grandes coincidencias. Tras cuatro siglos de Ley, jurisprudencia y República (diferencia obliga: nunca hemos sido un país de leyes) Roma se derrumbó en la guerra y su pueblo, centurias garante de los derechos, se transformó bajo la dictadura de Sila en el peor de los vándalos. Veleyo Patérculo, historiador romano, declaró al tirano “creador del sistema de las proscripciones”. Proscriptio quería decir anuncio y el dónde era sencillo: en las tablas públicas se inscribía la identidad del ciudadano a quien de inmediato le eran arrebatados sus derechos y sus propiedades rematadas en subasta pública, adquiridas casi siempre por el delator.
Fue en razón de la pobreza que Roma conoció en pocos años las revoluciones agrícolas de los hermanos Graco. Poco después se sucederían el levantamiento de los esclavos liderados por Espartaco, y la guerra de los piratas, a los que vencería Pompeyo. Entre los episodios agrícolas y la derrota de los piratas, Sila asumió la dictadura de Roma.
El 1 de noviembre del año 82 a.c., después de una victoria sobre los samnitas, Cornelio Sila entró a Roma –fue el primero en dirigir el ejército contra su pueblo- y a los pocos días mandó descuartizar a seiscientos prisioneros en presencia del senado. La base del arreglo: el aniquilamiento de adversarios. De acuerdo a Veleyo Patérculo, fue Sila quien descubrió el sistema de las proscripciones. “Nadie podía reclamar contra éstas ni acudir ante los jueces. Los encubridores sufrían la misma suerte que los proscritos y los delatores se hacían con una parte de sus bienes. Muchos ricos fueron denunciados y muertos porque un amigo del dictador quería apoderarse de lo que aquellos poseían. El número de proscritos fue de cuatro mil, entre ellos noventa senadores.
Desconfiad del muchacho de la toga suelta, decía Sila refiriéndose a Julio César, deseando proscribirlo. Y es que no le gustaba la manera en que se vestía el extravagante, ni su pertenencia al partido popular (el futuro emperador se salvó porque su familia tenía vínculos de amistad con la del Dictador). Cuando las proscripciones fueron iniciadas en Roma, el poder judicial había venido sufriendo un profundo deterioro. Los bandos políticos en pugna (patricios contra plebeyos) habían socavado la legitimidad judicial levantando acusaciones unos contra otros, las más de las veces infundadas, y comprando y corrompiendo a los jueces, con lo que la procuración de justicia se había convertido en una temible arma política. Cuando Sila abolió el sistema judicial no hizo sino finalizar el proceso mediante el cual el derecho había devenido en puro hecho de fuerza.
Al igual que la Roma de nuestra historia, México vive una guerra y su sistema de justicia es un caos. Cuarenta mil muertos durante el gobierno de Calderón nos informan de una lucha cruenta que los futuros historiadores podrán catalogar adecuadamente cuando se abandone el estigma de sub-humanos que nuestro gobierno (y la Iglesia Católica que apoya su estrategia) cuelga junto a las cabezas de los asesinados. Y es que a falta de tribunales, los narcos no pueden solucionar sus problemas sino proscribiéndose a balazos. Morir o matar. Si incluso con tribunales, un empresario como Salinas Pliego se lanzó a la recuperación armada del Canal 40 que creyó suyo, es evidente lo que sucede cuando no se tiene acceso a la justicia.
En su mayoría jóvenes producto de la falta de oportunidades, hijos de familias tan desintegradas como nuestro tejido social, crecidos sin padres, sin guía y sin la ley fundamental a la hora de socializar las normas, ¿Qué voces escucharon los 40,000 muertos llamados a abismarse? Dos mil o cuatro mil pesos a la quincena, un adiestramiento de dos meses con ejercicios y prácticas de tiro y la pertenencia a un grupo (por primera vez, pertenencia a algo), suficiente para que jóvenes mujeres y hombres sin más horizonte que integrar las filas de Los Zetas, adelanten la carne de cañón adolescente que el gobierno no tendrá reparos en poner a combatir con la de otros sicarios o en aniquilar si se le enfrentan. Eduardo Guerrero ha probado con serias investigaciones estadísticas que lejos de solucionar la violencia, la estrategia de Calderón la agudiza y dispersa por todo el país.
La estrategia inhumana contra el narco, defendida recientemente por la Conferencia Episcopal Mexicana, es la causante de que los vacíos de poder ocasionados por los golpes a cárteles sean disputados por grupos rivales que lanzan a sus jóvenes carne de cañón a la muerte, y más tarde a otros más. Estamos en guerra, una guerra fratricida debido a un producto menos dañino que el cigarro o el alcohol (la marihuana), consumido por tres millones de ciudadanos.
Al igual que en aquella Roma en derrumbe, en México la procuración de justicia no existe. Las cifras más preocupantes indicarían que solamente dos de cada cien delitos se castigan, y por probabilidad, los encarcelados son pobres infelices que no pudieron defenderse ni cooperar a las corruptelas de un sistema con todos los incentivos para apresar a quien no pague. En los Estados más atrasados de la República los jueces estarían cobrando de 40,000 a 50,000 pesos por liberar a un acusado de homicidio. Que los precios de la justicia no se encuentren en sus páginas de Internet no desdice lo que abogados y leguleyos penalistas saben de sobra. Cada cuatro minutos se violaría a una mujer. Al año se estarían cometiendo más de 9 millones de delitos (INEGI dix it) y como las procuradurías se encuentran coludidas con los responsables, los ciudadanos creen hacer lo correcto al no denunciar (de cualquier forma ¿para qué?, 2 de cada 100 … saben apostar).
La PGR siempre ha operado como un instrumento de presión política. No sirve para otra cosa cuando sólo 3 de cada 10 supuestos delincuentes estarían siendo admitidos a juicio, y hasta 97 de cada 100 estarían siendo liberados por falta de pruebas (eso sí, después de 10 año de juicio, usted disculpará). Y es que la Procuraduría carece de toda capacidad para allegarse de los argumentos necesarios para que los responsables paguen sus delitos. Si las cárceles están llenas, lo están de pobres que no pudieron pagarle al poli, de infelices que cometieron robos de menor cuantía, de pocos verdaderos criminales.
Calderón, en todo el sexenio, no ha aumentado un solo peso al gasto de la PGR, todo el dinero se lo ha mandado a García Luna para sus tanquetas. Cuándo este agarra algún traficante, la Procu se encarga de la investigación, y después, por falta de pruebas o deficiencias legales en el proceso, lo ve liberado como a Hank. La policía ministerial hace exactamente lo contrario a una verdadera policía científica: deja escapar a los delincuentes. Pero una PGR pobre e incapaz no es impedimento para usar su fuerza a la hora de la política. Así lo hizo Fox cuando el no por absurdo menos triste episodio del desafuero.
Calderón ha seguido su ejemplo al utilizarla en tiempos electorales para El Michoacanazo o en la reciente captura sin éxito de Hank Rhon, acciones que no hacen sino subrayar la urgencia de una reforma. Al igual que la Roma de la guerra civil, México adolece de una procuración de justicia arcaica, que no se aplica a la manera en que debiera aplicarse, ciegamente, sino que está dirigida por motivaciones políticas y electoreras, y en casos como el de Presunto Culpable, por los intereses de judiciales encubridores de sus socios. Y como en la casa del jabonero el que no cae resbala, todos corremos el peligro de convertirnos en presuntos culpables, si es que llegáramos a encontrarnos en el lugar y el momento equivocados.
Pero lo peor está por venir. Las restantes procuradurías de las entidades de la República siguen el ejemplo de la federal y si el Presidente la utiliza contra sus enemigos –al menos eso parece- ¿por qué no habrían de hacerlo los gobernadores? Ya en Chiapas encerraron a Salazar Mendiguchía y en Oaxaca preparan la cárcel a los allegados a Ulises Ruiz. No es que uno no quiera que paguen los corruptos y que las rejas se cierren en torno al gober precioso, a Kamel Nacif, a Elba Esther Gordillo, a Romero Deschamps, frente al mismo Calderón por su estrategia violatoria de los derechos humanos, o por vestir a sus hijitos de soldados –aquí daría vista al DIF. Cada quien haría una lista distinta en razón de sus orientaciones políticas. Lejos de la justicia buscada por todos, se está dando paso al golpe mediático y al revanchismo.
Anteriormente operaba el proverbio “entre bueyes no hay cornadas” y todos los políticos andaban felices rumiando sus delitos. Ahora el circo se ha llenado de enemigos. Eso es lo que tenemos si no contamos con procuradurías transparentes y confiables.
La autonomía a la procuración de justicia es urgente. Existen esquemas en los que el Procurador responde no sólo al Presidente, sino a un Comité técnico formado por los restantes poderes de la Unión. Calderón no ha tenido el valor de desprenderse de la PGR para convertirla en una institución al servicio de todos los mexicanos. Fox la utilizó contra Obrador y el Presidente la ha usado en su provecho. ¿Qué importa si no encierra sino a 3 de cada 100? Los pobres proscritos de menor cuantía seguirán en la cárcel. Los ricos proscritos y posiblemente culpables como Hank Rhon, seguirán escapando de las manos de la justicia como los millones de delincuentes que cada año quedan impunes. Como los asesinos de los 40,000 mexicanos muertos por una estrategia mal planteada. Y lo peor es que a falta de procuradurías limpias y ciudadanas, todos los presos –aún sean culpables- son presos políticos.
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